Como reseñaba un
post de CoRe recientemente, en el Senado de México se discuten en la actualidad dos iniciativas de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. La
primera inciativa fue presentada el 5 de marzo por la C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN. Según la exposición de motivos, la crisis mundial justifica el fomento de la competitividad y al mismo tiempo evitar la quiebra de las empresas.
Así lo expone la Senadora Peredo:
"Inducir la competitividad implica, entre otros aspectos, proteger la planta productiva y el empleo, el cual se encuentra básicamente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por lo que, para evitar que se incremente el desempleo por despidos y quiebras, urge, además de respaldar con crédito suficiente, incorporar medidas que mejoren su competitividad que potencien las acciones del Ejecutivo Federal, como el Programa para el Impulso del Crecimiento y Empleo y el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor."
Sin entrar en la discusión de si un Estado debe darle protección de las pequeñas y medianas empresas, lo que no queda claro de la propuesta de la Senadora Peredo es ¿por qué proteger a los pequeños competidores equivale a fomentar la competencia? Precisamente la competencia económica tiene por resultado el éxito de algunos y el fracaso de otros. De eso se trata el juego y por eso en otras jurisdicciones del Mundo está claro que una cosa es proteger la competividad de los mercados y otra distinta es proteger los competidores.
Por supuesto, detrás de esto hay ideología política y una idea sobre los objetivos que debería perseguir la normativa de libre competencia económica. Debo advertir que con estas líneas no critico el objetivo de promover las pequeñas y medianas empresas, pues esta es una manera de construir una sociedad más equitativa. Lo que no comparto es mezclar dicho objetivo con las políticas de libre competencia, pues la promoción de las PYMES se puede lograr a través de otros mecanismos estatales.
Por otra parte, la
segunda iniciativa fue presentada el 21 de abril por el C. Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del PAN y se trata de una reforma más extensiva que la anterior. La finalidad de la iniciativa es fortalecer a la autoridad de competencia mexicana mediante el otorgamiento de nuevas atribuciones y el incremento de las sanciones para tener un mayor poder disuasivo.
En primer lugar, se propone el aumento del nivel de sanciones (como ocurrió en la reciente reforma Chilena reseñada en un
post anterior) y el establecimiento de una nueva fórmula para su cálculo a través del nivel de "ingresos acumulabes"de la compañía investigada ("hasta con el diez por ciento de los ingresos anuales del agente económico infractor".)
El endurecimiento de las medidas que puede adoptar la Comisión también refiere a i) la duplicación de las penas para reincidentes; ii) la simplificación para la imposición de sanciones estructurales ("es decir, lo referente a los órdenes de desincorporación o de enajenación de activos que se impongan, precisamente, a los agentes económicos infractores."); iii) la imposición de medidas cautelares ("como la suspensión de las conductas que constituyen la probable práctica monopólica o concentración prohibida con el objeto de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y de libre concurrencia durante la tramitación del proceso respectivo.").
Finalmente la inicitiva propone aumentar las facultades de inspección de la autoridad, incrmentar la transparencia en el proceso adalantado por la autoridad y el establecimiento de un mecanismo de terminación anticipada del proceso.
A diferencia de la primera propuesta, la iniciativa del C. Senador Santiago Creel Miranda está en línea con las tendencias del derecho de la competencia contemporáneo y las ideas que han tenido eco en las principales jurisdicciones de América Latina. Por supuesto, por la importancia de la iniciativa, esta merece un análisis más sosegado y consecuente con la realidad política y económica de México. Estaremos pendientes de su desarrollo en el Senado Mexicano.
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