Después de un largo período de euforia por el desempeño de la economía colombiana, la revaluación del peso frente al dólar y la inflación parecen haber desbordado la capacidad del Estado para contener dichos fenómenos. El Banco de la República, quien por mandato constitucional debe velar por la el poder adquisitivo de la moneda, decidió el viernes pasado aumentar la tasa de interés en un 0.25%, fijándola en un 10%. La medida busca contener el alza generalizada de precios que es principalmente causada por los precios internacionales de los combustibles y los alimentos. Algunos analistas han señalado que el gasto público también ha generado dicha tendencia.
"A nosotros nos preocuparía muchísimo que la consecuencia de la elevación de estas tasas de interés sea una parálisis de los consumos, una gran recesión en la oferta productiva y después puede sobrevenir más inflación. (...)
Yo pienso que el Banco de la República debe ponerle los oídos a la preocupación del pueblo colombiano con las altas tasas de interés. El Banco de la República debe ponerle atento oído a la preocupación del pueblo colombiano, que empieza a ver un frenón preocupante de la economía, que empieza a ver un frenón preocupante del consumo, y que anticipa una disminución preocupante de la oferta, lo cual pude generar más inflación."
Hasta ahí la noticia no pasa de ser una simple discusión entre el Gobierno y el Banco (que es una entidad autónoma) sobre política monetaria. Pero la razón por la cual me he referido a este tema es que en el mismo Consejo Comunal en el cual el señor Presidente criticó al Banco de la República volvió a mencionar su propuesta de promover acuerdos gremiales de precios como mecanismo para contener el alza de precios. A continuación transcribo
sus palabras que pueden ser leìdas en la página de la Presidencia:
"Tenemos que evitar que el país llegue a lo que sería eso que podríamos llamar el estadio psicológico de la inflación, donde todo el mundo amanece con la expectativa de aumentar sus precios, y eso hace muchísimo daño.
Yo creo que el equipo económico del Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo -y aquí está la directora de Planeación (Nacional) representándolos- con todos los gremios, a ver cómo se pueden hacer acuerdos de precios."
Los acuerdos de precios han sido propiciados por el Gobierno entre centrales de abastos, gremios y grandes superficies para “congelar precios de venta de productos básicos de la canasta familiar” en los últimos años. En dichas ocasiones el Gobierno ha justificado la fijación precios máximos de venta al público en diciembre y enero para i) evitar especulación y ii) mitigar efecto inflacionario. Inclusive, en los años 2006-2007 dichos acuerdos fueron impulsados por el Ministerio de Agricultura y el monitoreo del cumplimiento tuvo “apoyo” de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). ¡Sorprendente, la autoridad de la competencia persigue a las empresas que acuerdan precios pero por otra parte vela por el cumplimiento de los acuerdos de precios gestados por el Gobierno! En realidad, las declaraciones del señor Presidente este fin de semana están precedidas de la propuesta que hizo el Ministro de Hacienda en febrero de este año par de extender el pacto de diciembre-enero.
Desde mi punto de vista la iniciativa presidencial de promover acuerdos de precios de manera masiva es un error. Por una parte, no tiene la capacidad de contener la presión inflacionaria causada por el alza en los alimentos. Además de tratarse de un fenómeno global, la causa del alza tiene que ver con el aumento de los insumos de producción (especialmente fertilizantes) y posiblemente en algún grado de especulación de los productores en ciertos mercados. En segundo lugar, habría que sortear una pregunta que no tiene solución: ¿cuál debería ser el precio acordado y que suponemos el Gobierno crea razonable? Parafraseando a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el precio razonable de hoy es precio irrazonable de mañana. No imagino a los gremios acordando un precio inferior al que podrían cobrar en "competencia" y tampoco imagino un esquema dinámico que podía "ajustar" diariamente el precio al nivel razonable. Finalmente, claramente existen otras formas para contener presiones inflacionarias como sería eliminación de los contingentes de importación para productos que hoy escasean (como el arroz) o la reducción de aranceles de importación de los productos e insumos agropecuarios .
Realmente, el mensaje que envía el Gobierno es muy equivoco: mientras la SIC adelanta investigación por supuesta fijación de precios el Ministerio de Hacienda propone un "acuerdo nacional de precios".
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