miércoles, 10 de febrero de 2010

Llega LALIBRECOMPETENCIA.COM

Es un pájaro?

¿Es un avión?

¡No!


¡A partir de hoy el blog "derechodelacompetencia.blogspot.com" se muda a un nuevo dominio de fácil recordación!

El 2010 llega con un nuevo diseño, más entradas, más ideas y nuevos autores como Ignacio de León (Venezuela, Queen Mary U. of London), Pablo Márquez (Colombia, Harvard U. - U. of Oxford), Victor Pavón Villamayor (México, U. of Oxford), Javier Tapia (Chile, U. C. of London), Eduardo Quintana Sánchez (Perú, LSE - P. U. Católica de Perú) y muchos otros abogados y economistas de América Latina.

Acciones populares y Libre competencia: una addenda al caso Colombiano

En un reciente post comenté la importancia de una reciente decisión del Consejo de Estado de Colombia en relación con el desarrollo de la jurisprudencia por medio de la cual se fallara de fondo una acción popular en la cual se debatiera la vulneración del “interés colectivo” de la libre competencia económica. En principio indiqué que se trataba de la primera sentencia de su tipo. Sin embargo, para hacer honor a la verdad y al Consejo de Estado, debo rectificar (ya corregí dicho post) pues hay por lo tres precedentes de acciones populares en los cuales se invoque la vulneración o amenaza de la libre competencia económica. Ahora lo que es es cierto es que en las tres acciones populares conocidas por el Consejo de Estado en segunda instancia el fallo denegó las pretensiones del actor popular relacionadas con la vulneración o amenaza del derecho colectivo a la libre competencia.

Ya habrá tiempo de comentar dichas decisiones, pero por ahora las voy a reseñar para quienes estén interesados:

  • Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil uno (2001). Consejero ponente: DARÍO QUIÑONES PINILLA. Expediente: AP-00124.
  • Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ. Expediente: AP-00549. Se presentó un salvamento de voto.
  • Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos mil nueve (2009), Consejero ponente:MAURICIO TORRES CUERVO. Expediente: AP-00739. Contiene aclaración de voto de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia. Se trata de acción interpuesta contra la Federación Nacional de Cafeteros en relación con el usufructo de la marca “Juan Valdez”. (véase editorial de Portafolio sobre el fallo)

martes, 9 de febrero de 2010

A Posner le gusta Keynes pero su opinión sobre el antitrust NO ha cambiado

A propósito de un anterior post en el que informé acerca del acercamiento del Juez R. Posner a las ideas de Keynes (Posner, How I Became a Keynesian: Second Thoughts in a Recession, New Republic, Sept. 23, 2009) debo ponerlos al tanto de que ello no implica un giro en lo que se refiere a sus opiniones y creencias sobre el "antitrust".

En efecto, en una breve réplica a una columna publicada en The Wall Street Journal (Thomas Catan,"Trustbusters Try to Reclaim Decades of Lost Ground", 31 de Enero de 2010) el Juez R. Posner así lo afirmó:

"Your column "Trustbusters Try to Reclaim Decades of Lost Ground" (The Outlook, Feb. 1) says that "In September, the influential Judge Richard A. Posner, who spearheaded the movement to apply Chicago School economics to antitrust law, declared he had lost faith in the theory that had previously guided his work. His new guiding light: John Maynard Keynes, the British economist who advocated a hefty role for government in the economy."

My views on antitrust have not changed. I believe that Keynes has much to teach us about the role of government in digging an economy out of a depression or a recession. But that has absolutely nothing to do with antitrust.

Richard A. Posner

Chicago"

domingo, 7 de febrero de 2010

“Fines and Compensation for Damages in the Mexican Competition Regime” (Pavón-Villamayor, December 2009)

The “Mexican Network on Competition and Regulation” has recently released a policy brief on the current status (and prospects of reform) of antitrust fines and compensation for damages in Mexico. The document emphasises the policy relevance of increasing the maximum level of fines that the Mexican Competition Commission can impose for antitrust violations. On the issue of compensation for damages, the policy brief highlights the importance of expanding the current coverage of the system of class actions in Mexico. The document concludes by proposing a reform agenda that involves three successive stages, namely: (i) increasing the maximum level of fines that the Mexican authorities can currently impose for antitrust violations; (ii) implementing a dual system of fines: one designed to generate enough ‘deterrence’ effects on anticompetitive conduct and one designed to recover the amount of illicit gains; and (iii) decentralizing the system of fines based on damage proportionality (illicit gains recovery) in order to pave the way for the implementation of a private system of damage compensation for antitrust violations.

The policy brief (in Spanish only) can be consulted here.

miércoles, 3 de febrero de 2010

Dos sentencias esperadas desde hace años

Para las personas que hacemos un seguimiento al desarrollo de la aplicación de la normativa de libre competencia de Colombia hemos esperado dos pronunciamientos jurisdiccionales desde hace años.

La primera sentencia esperada no se refería a un caso particular sino al ejercicio de las denominadas "acciones populares" contempladas el artículo 88 de la Constitución y que es desarrollado por la Ley 472 de 1998. En efecto, la "comunidad de libre competencia" estaba a la espera de un mayor desarrollo jurisprudencial por medio de la cual se falle procesos iniciados mediante acción popular en la cual se debate la vulneración del "interés colectivo" de la libre competencia económica.

Para quienes no conocen con detalle el "sistema antitrust" Colombiano, este contempla la protección del derecho a la libre competencia económica no solo a través de una autoridad de competencia, que hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, y que vela por el cumplimiento de la normativa, sino que paralelamente se encuentran las denominadas acciones populares que conoce la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Dichas acciones tienen por fin evitar un daño contingente o la amenaza de vulneración de los derechos colectivos (entre los cuales se encuentra la libre competencia económica).

Pues bien, a pesar de que las acciones populares son muy comunes respecto de otros derechos colectivos (por ejemplo, espacio público y medio ambiente) hasta la fecha no había muchos antecedentes (es posible encontrar recientes sentencias de tribunales administrativos) y unas 10 del máximo tribunal en materia contencioso administrativa (el Consejo de Estado).
Pues bien mediante sentencia del 26 de noviembre de 2009 la Sección Primera del Consejo de Estado (Exp. No. 25000232700020040204901, C.P. Rafael Ostau De Lafont) decidió un recurso de apelación en contra de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sentencia de 12 de julio de 2007 proferida por la Sección Cuarta, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca) en virtud de la cual se denegaron las pretensiones de una acción popular que pretendía la protección de la libre competencia económica.

Los hechos del caso son los siguientes: 1. Una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Colombia (ColTel) realizó una invitación a ofertar en el año 2004 con el fin de que una empresa le prestara el servicio de facturación (a través de un interfase especialmente diseñado para ColTel). 2. Como ocurre con un proceso en el cual una empresa pretende procurar un elemento clave para su negocio, ColTel decidió establecer condiciones para asegurar la idoneidad de la empresa que prestara el servicio y determinadas condiciones técnicas para el servicio. 3. El punto clave para el caso consistió en las condiciones que estableció ColTel para quien quisiera postularse en términos de experiencia específica respecto del servicio y sobre sus credenciales financieras (mínimo de ingresos operacionales, utilidades y flujo de caja por ejemplo). 4. Según la empresa que interpuso la acción popular (Fedesoft) dichas condiciones hacían prácticamente imposible para las empresas colombianas acceder a dicho proceso por los requisitos en experiencia y en capacidad financiera. Así las cosas, según el actor de la acción, la conducta de ColTel consiste en poner unas reglas que supuestamente dejaba por fuera a las empresas colombianas del negocio. Según el accionante, al establecer estas reglas supuestamente "irrazonables" vulneraba el derecho a la libertad de competencia económica de las empresas colombianas. Existen otros hechos esgrimidos por Fedesoft, pero para efectos de revisar el aspecto "antitrust" es suficiente los hechos que expuse.

El Tribunal de Cundinamarca decidió denegar las pretensiones del actor popular pues consideró que la conducta de ColTel en ningún momento vulneró ni amenazó vulnerar la libre competencia económica. Dicha decisión fue apelada y el Consejo de Estado confirmó el fallo.

Respecto del contenido del fallo, hay 3 aspectos que quisiera destacar:

  1. Que el Consejo de Estado no acogió el argumento de la defensa según la cual, la acción popular no debía proceder contra una relación negocial que regida por el derecho común (comercial y civil) y por tanto debía ser juzgado por la jurisdicción ordinaria. Es decir, el Consejo de Estado reconoció que la acción popular era procedente, de manera excepcional, para solicitar la suspensión de procesos contractuales cuando quiera que dicha conducta de naturaleza privada podía vulnerar el interés colectivo a la libre competencia económica. Luego la acción es procedente, sin perjuicio de que luego se entre a estudiar de fondo la conducta para determinar su adecuación con el derecho colectivo.
  2. Que el análisis sustancial del Consejo de Estado a la hora de revisar la conducta tuvo dos enfoques: i) Revisar si la conducta efectivamente restringía la competencia dentro del mercado y ii) Revisar si la conducta reportaba algún perjuicio para los consumidores. En el caso particular, el Consejo de Estado consideró que según el material probatorio (incluye un peritaje) las condiciones fijadas por ColTel en su invitación a ofertar eran razonables y de manera alguna restringían el mercado de servicios de telecomunicaciones (en el cual participa ColTel) ni el de facturación (el mercado de los postulantes). Asímismo, precisó el Consejo que la finalidad de ColTel en últimas era asegurar la idoneidad del oferente y de su servicio y que un buen servicio de facturación el últimas sería favorable para los consumidores. Luego, la conducta de ColTel no solo no fue restrictiva del derecho a la libre competencia sino que además promovía su objetivo principal (el bienestar del consumidor). Por último, se resalta que el Consejo hace alusión a que las reglas de ColTel puso a los agentes económicos a participar en "igualdad de condiciones". Y es que la igualdad de condiciones es precisamente uno de los objetivos que la normativa de libre competencia debe tener: no se pretende el igualitarismo, se pretende que "cancha de juego" esté nivelada (como dirían en EEUU, "level the playfield") para que los agentes compitan bajo dicho marco.
  3. Finalmente, el tercer punto a destacar es realmente desconcertante. Resulta que el Honorable tribunal decidió acudir a la normativa Andina (la Decisión 608) para explicar el concepto de agente económico y de conductas anticompetitivas. ¿Cómo? Pues sí, la última instancia en la Rama Jurisdiccional que decide sobre la libre competencia en Colombia no tuvo en cuenta la legislación interna y citó (así esta no fuera el fundamento central de su decisión) una norma que no aplica para conductas cuyos efectos solo ocurren dentro del territorio colombiano... ¿será que alguien puede explicarme esta pifia? ¿será este el "blooper jurídico" del año?
Abajo transcribo algunos apartes importantes de la sentencia:
"(...) 5.- Previo al estudio de fondo la Sala aclara que las acciones populares que pretenden suspender procesos contractuales proceden de forma excepcional en la medida que vulneren o amenacen derechos colectivos. De lo contrario es necesario adelantar las acciones pertinentes que prevé el Código Contencioso Administrativo.
Como quiera que en el presente asunto el actor pretende que se ordene a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. terminar el proceso de invitación pública N° 004 de 2004, por considerar que se vulneró el derecho a la libre competencia al restringir la participación exclusiva de las empresas internacionales por los términos de referencia, es claro su procedibilidad, luego se verificarán si las condiciones exigidas por la entidad demandada vulneró o no el derecho a la libre
competencia.(...)"

"(...) La libre competencia implica que los agentes (oferentes y demandantes) tengan la posibilidad de acceder y/o participar en el intercambio de bienes y servicios en el mercado, sin restricciones o ataduras que beneficien a alguno o algunos de aquellos que participan en el mismo mercado afectando los derechos de otros agentes.(...)"

"(...) Adicionalmente, para la Sala es evidente que la contratación bajo los estándares solicitados por la empresa demandada, no afectaría el mercado de prestadores de servicios de telecomunicaciones, como tampoco el mercado de empresas prestadoras de servicios de software, bajo el entendido que en ambos escenarios el usuario es quien se beneficia y los agentes intervinientes de los mercados están en igualdad de condiciones de desarrollar su objeto social, siempre y cuando cumplan con los requisitos que los usuarios precisan para satisfacer sus necesidades.(...)"
"(...) Además, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, no tenía la capacidad para restringir el mercado de las empresas prestadoras de servicios de software, sino tan sólo solicitar, cómo así lo hizo, que un grupo de agentes del mercado que cumpliesen específicos requisitos atendieran la necesidad de la empresa.(...)"
Bueno... hasta acá mis comentarios sobre una de las sentencias ansiadas para quienes seguimos de cerca la evolución del derecho de la competencia en Colombia... siendo casi las 12 del noche me parece justo decirles que el capítulo queda en suspenso y que mañana les contaré acerca de esa segunda sentencia tan ansiada... solo les doy un adelanto... y los versados entenderán la pista: ¡ANDEVIP!
(Fuente de la imagen)

Acuerdo entre Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y Ministerio de Industria y Productividad del Ecuador




La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) y el Ministerio de Industria y Productividad del Ecuador, entidades encargadas de la protección de la competencia en sus respectivos países, han firmado recientemente un "Memorando de entendimiento para el desarrollo de mejores prácticas en materia de protección de la cometencia y defensa al consumidor".

En el Memorando, firmado por el Superintendente Gustavo Valbuena y el Ministro Xavier Abad Vicuña, la entidad colombiana se compromete a asesorar al Ministerio ecuatoriano con cursos, conferencias, talleres y pasantías, y ambos países acuerdan intercambiar información y experiencia.
El acuerdo puede considerarse como un reconocimiento a los esfuerzos y logros de la SIC, pues está empezando a ser considerada como una de las importantes entidades de protección a la competencia de la región.

Para ver la noticia publicada por la SIC, pueden hacer click aqui.

lunes, 1 de febrero de 2010

¿Blog de derecho de la competencia escrito en Inglés?

Estimados todos, en esta ocasión voy a salirme un poco de la línea normal de escritos para compartir con ustedes una interesante discusión que he tenido con Gonzalo Andres Ramírez, un "blawguero" ya consagrado "gurú" del tema en el ciber-espacio (ver su blog). Bueno, la discusión se origina en el siguiente correo que le envié a Gonzalo:

"Hola Gonzalo!,

Quería compartir contigo unos pensamientos que he tenido recientemente; quisiera saber si en algún momento has pensado algo similar. Bajo el parámetro de que "lo que no se mide, no mejora", he revisado periódicamente algunos indicadores de mi blog. Por ejemplo, visitantes diarios, número de comentarios, número de visitantes, lugar de visita etc. En términos absolutos, el resultado es positivo: todos los indicadores muestran un crecimiento sostenido.

Hay muchas maneras de medir el éxito de un blog pero sin duda el relacionado con el número de visitas es un indicador importante. Pues bien, mi blog ha sido visitado por más de 30 mil personas desde septiembre de 2007 y dependiendo de la época del año tiene 40 a 100 visitantes diarios de toda América Latina y de Europa. Considero que en términos "mediáticos", el blog tiene "buen rating". Sin embargo, las cifras no son nada si no comparas y vez las cosas en términos relativos.

Pues bien, un profesor de una universidad Belga (Nicolas Petit) abrió un blog sobre libre competencia en Inglés. Sus comentarios obviamente se centran en derecho europeo y de vez en cuando se aventura en comentarios sobre antitrust de EEUU. Pues bien, el hombre recibió 20 mil visitantes en 10 meses de estar al aire. Eso me puso a pensar qué podría faltarle a mi blog...¿será que el contenido de mi blog no es tan bueno?, ¿tan pertinente? ¿será que Nicolas tiene tanta fama como para arrastrar sintonía a su blog?... Seguro todo eso eso cierto, pero también es un hecho que una de las ventajas comparativas enormes que encontré es que sus comentarios están escritos en un idioma al que tienen acceso más personas en el Mundo y en especial aquellas que tienen acceso a Internet.

Por otra parte, una profesora de NYU me comentó que para que nuestros esfuerzos académicos fueran conocidos afuera nos veíamos obligados a escribir en inglés (lo dejo en términos de "qué pena que nosotros seamos ignorantes, pero toca ajustarse a la realidad")...

Bueno todo esto me ha llevado a pensar en crear un blog mellizo al existente en Inglés... lo estoy masticando como un propósito para el 2010... pero quisiera que me dijeras qué opinas del tema,

un abrazo y muchos éxitos con tus emprendimientos,


jd"


Bueno la respuesta del buen hombre no se hizo esperar y arribó pronto y concisa a mi buzón de correo:

"Juan David lo hice yo también pero resulta que es doble esfuerzo. Google translator ayuda pero no queda perfecto y por ende tienes que trabajar para que quede bien en inglés. No he vuelto a poner nada en Iureamicorum versión inglesa.

Puedes experimentar y es un buen ejercicio para prácticar inglés pero requiere doble esfuerzo.

Pienso que debemos seguir explorando la función en español. El mercado de blogs en inglés esta saturado. Puedes experimentar con un par de post en inglés cuando pienses que es pertinete traducir en el blog gemelo. Depende también de los temás etc.

Juan David gracias por el mensaje

Gonzalo
Iureamicorum en inglés actualmente abandonado"

Amigos y amigas, ¿qué piensan? ¿será que me quedo solamente en el mercado relevante de los blogs jurídicos escritos en Español? Espero contar con sus amables (y hasta los no tan amables) comentarios.

Revista E-mercatoria Volumen 8 Número 2: Sobre el Régimen Sancionatorio y la Regla de Minimis

La Revista E-mercatoria editada por la U. Externado de Colombia contiene dos ensayos sobre libre competencia en su último número (Volumen 8, Número 2, 2009).

El ensayo publicado por el abogado Dionisio de la Cruz, se refiere al sistema sancionatorio por infracción a las normas de protección de la competencia en Colombia. El documento titulado "Régimen sancionatorio en la nueva ley de competencia colombiana", presenta las novedades incorporadas por la Ley 1340 de 2009. Abajo transcribo el resumen que aparece en el documento:

"COMENTARIO:

Teniendo en cuenta la promulgación reciente de una ley en materia de competencia, referida a los aspectos procesales y sancionatorios por violación de sus disposiciones, el autor entrega al lector un estudio comparativo entre el régimen anterior y el consagrado en la nueva ley en materia de las sanciones que pueden imponer la autoridad de competencia colombiana. Se analizan las deficiencias y vacios del antiguo régimen para ver si la actual regulación mejora esos aspectos. Igualmente se destacan los aspectos sobresalientes y novedosos de la nueva legislación para finalmente, colocar en perspectiva los valores máximos que como multas podría imponer la Superintendencia de Industria y Comercio por la violación de las normas que regulan la libre competencia en el mercado.


ABSTRACT:


Taking into account the existence of a new statute relating to the penalties that can be imposed by the government antitrust authority, the author intends to give readers a comparative study between the previous legal regime and the new law. It intends to underline the flaws of the previous regime and arrive to the conclusion as to whether the new statute addresses and solves those issues. The article also analyzes the most relevant aspects of the regime and the amount of penalties imposed by the Superintendencia de Industria y Comercio for the violation of the antitrust regime in Colombia.

PALABRAS CLAVE: Derecho de la Competencia, Régimen sancionatorio, multas, Superintendencia de Industria y Comercio."

Por otra parte, la abogada Ingrid Soraya Ortiz, quien es Doctoranda del programa de Doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y habitual escritora de la revista, presenta un estudio comparado de la aplicación de la denominada Regla de Minimis. En el artículo titulado "La regla de minimis en el ámbito de los acuerdos restrictivos de la libre competencia" se expone la aplicación de dicha regla en la UE y en España. En el último capítulo del ensayo la autora resuelve la pregunta ¿es posible aplicar dicha regla en el ordenamiento de libre competencia colombiano? Abajo transcribo el resumen que aparece en el documento:

"COMENTARIO:

La regla de minimis es una de las varias tesis cuya aplicación permite reducir el alcance de la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia (art. 81.1 del TCE), y en este medida compatibilizar la aplicación de las disposiciones antitrust con el desarrollo de la libertad de empresa, la libertad de contratación y la autonomía privada.
Conforme a la esta doctrina, sólo las conductas que afectan la competencia de forma significativa o sensible se encuentran comprendidas en el ámbito de la prohibición del art. 81.1 del TCE y, en consecuencia deben prohibirse y sancionarse. Aquellas que por el contrario no surten efectos sensibles sobre la competencia se sitúan por fuera del ámbito de la norma y se consideran sin relevancia antitrust.
Este artículo aborda el origen, desarrollo y la actual regulación de los acuerdos de menor importancia en Europa y en el ordenamiento español, consideraciones que nos que servirán de marco para plantear el debate sobre la aplicación de la regla de minimis en el ordenamiento colombiano y su utilidad.


ABSTRACT:

The minimis rule is one of the many theories which allows reaching the reduction of the constraint of restrictive competition agreements (article 81.1 of ECT) thus making the application of antitrust dispositions and the principle of free enterprise, freedom to enter into contracts and private autonomy easier. According to this doctrine, behavior that truly affects competition in a significant manner should be forbidden and penalized. This article approaches the origin, development and current regulation of the restrictive agreements which have minor importance in Europe and the Spanish legal regime, allowing the establishment of a frame for debate on the application of the minimus rule in the Colombian legal regime and its, consequent, usefulness.

PALABRAS CLAVE: Acuerdos de menor importancia, Regla de minimis, Automec, Ilícito antitrust

KEY WORDS
:
Agrement of less importance, Minimis Rule, Automec, antitrust."

miércoles, 27 de enero de 2010

Apuntes sobre la intervención de C. A. Varney en el "workshop" sobre la revisión de las Guías de integraciones horizontales (II)

Un segundo punto que me llamó la atención mucho sobre la intervención de la señora C. A. Varney, fue su pronunciamiento sobre el mil veces mentado índice de concentración HHI. En escritos varios he manifestado la falta de utilidad de la aplicación mecánica del índice para evaluar el nivel de concentración de un mercado. Pues la señora prácticamente "bajó del bus" al HHI. Véamos:

"The next area I would like to discuss is one where the Guidelines appear to inaccurately describe the Agencies' enforcement policy. As the Merger Challenges Data that I referred to earlier in this talk indicate, it is relatively rare for the Agencies to challenge mergers that will lead to HHI concentration levels below 1,800. (12) Yet the Guidelines indicate that such mergers "potentially raise significant competitive concerns." (13) Similarly, the Guidelines suggest that a 100 point increase in an HHI concentration level raises competitive concerns. (14)In actual practice, however, the Agencies have only infrequently challenged mergers unless they increase concentration several times that much. (15)

More broadly, our panelists have generally confirmed that the Guidelines overstate the importance of HHIs in merger analysis. It will not surprise you that HHIs have been the focus of neither a party presentation nor a staff recommendation since I've been the Assistant Attorney General. That reality reflects the current state of economic thinking, where HHI levels are given a far less prominent place as a predictive tool for assessing competitive effects than the one suggested by the current Guidelines. In that vein, I note that, while many panelists have noted their usefulness as a tool for assessing likely competitive effects, none has maintained that HHIs should be the key driver of enforcement decisions.


It is thus relatively clear that the HHI thresholds set forth in the Guidelines no longer capture agency practice or economic learning about the kinds of mergers that are most likely to lead to consumer harm. Revising the HHI thresholds to express accurately how the Agencies use HHIs seems not just appropriate but also necessary to correct what has become an affirmative misstatement at this point."

Apuntes sobre la intervención de C. A. Varney en el "workshop" sobre la revisión de las Guías de integraciones horizontales

En relación con las palabras que pronunció el día de ayer, 27 de enero, la señora Christine A. Varney, asistente del Attorney General del DOJ, en el último "workshop" sobre la revisión de las Guías sobre Integraciones Horizontales (intactas desde 1992, salvo por la sección sobre eficiencias) quiero resaltar su referencia al giro del Juez Posner en el sentido de que se convirtió en Keynesiano (véase, Richard A. Posner, How I Became a Keynesian: Second Thoughts in a Recession, New Republic, Sept. 23, 2009, at 34, 35). Tan pronto leí esa afirmación busqué el artículo citado y me encontré con las siguientes sorpresas:

"We have learned since September [Nota: hace alusión a la crisis de los bancos] that the present generation of economists has not figured out how the economy works. The vast majority of them were blindsided by the housing bubble and the ensuing banking crisis; and misjudged the gravity of the economic downturn that resulted; and were perplexed by the inability of orthodox monetary policy administered by the Federal Reserve to prevent such a steep downturn; and could not agree on what, if anything, the government should do to halt it and put the economy on the road to recovery." (...)

"Baffled by the profession's disarray, I decided I had better read The General Theory. Having done so, I have concluded that, despite its antiquity, it is the best guide we have to the crisis." (...)

"The dominant conception of economics today, and one that has guided my own academic work in the economics of law, is that economics is the study of rational choice. People are assumed to make rational decisions across the entire range of human choice, including but not limited to market transactions, by employing a form (usually truncated and informal) of cost-benefit analysis. The older view was that economics is the study of the economy, employing whatever assumptions seem realistic and whatever analytical methods come to hand. Keynes wanted to be realistic about decision-making rather than explore how far an economist could get by assuming that people really do base decisions on some approximation to cost-benefit analysis." (...)

"So I will let a contrite Gregory Mankiw, writing in November 2008 in The New York Times, amid a collapsing economy, have the last word: "If you were going to turn to only one economist to understand the problems facing the economy, there is little doubt that the economist would be John Maynard Keynes. Although Keynes died more than a half-century ago, his diagnosis of recessions and depressions remains the foundation of modern macroeconomics. His insights go a long way toward explaining the challenges we now confront.... Keynes wrote, ‘Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist.' In 2008, no defunct economist is more prominent than Keynes himself."


Reunión CEDEC: “La experiencia de El Salvador en la aplicación de la Ley de Competencia ”

Abajo transcribo al primer evento del año del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia –CEDEC que se llevará a cabo el día viernes 5 de febrero de 2010 y tendrá como invitada a la doctora Liliam Arrieta de Carsana, quien realizará una exposición titulada “La experiencia de El Salvador en la aplicación de la Ley de Competencia ”. ¡Nos vemos por allá!

"Estimados(as) señores(as):

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia –CEDEC- tiene el gusto de invitarles el viernes cinco (5) de Febrero de 2010 a la reunión mensual de nuestro Centro , en la que se debatirá sobre: “La experiencia de El Salvador en la aplicación de la Ley de Competencia ” La reunión estará a cargo de Liliam Arrieta de Carsana.

La Dra. Arrieta de Carsana es Abogada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, tiene un Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, un Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, Diploma de Estudios Superiores Especializados en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de contar con un Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y Doctorado en Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado (El Salvador).

En el campo Académico se ha destacado como Catedrática de Derecho de Competencia en el Seminario de Graduación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (2008 -2009), Catedrática de derecho internacional público y privado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (2003-2007), Coordinadora del Área de Derecho Internacional del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas – UCA (Ad honorem desde 2006).

En su Carrera Profesionas ha desempeñado los siguentes cargos; Encargado de Asuntos Consulares Adjunta de la Embajada de Italia en San Salvador, Colaboradora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Intérprete y colaboradora para visitas de misiones con la ONG sueca “Radda Barnen" y Asistente del Coordinador de la Carrera de Ciencias Jurídicas en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Actualmente la Dra Arrieta de Carsana se desempeña como; Asistente letrado de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador desde 2002 y Catedrática de Derecho de la Competencia de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el Seminario de Graduación de la licenciatura en Ciencias Jurídicas desde 2003.

La reunión se llevará a cabo en el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad
Javeriana, ubicado en la Carrera 7 # 39-08 (costado oriental) a las 7:05
de la mañana.

Para mayor información y para confirmar su asistencia
puede contactarnos por medio de nuestro correo electrónico:

Cordialmente,

Victor Ayalde Lemos
Coordinador

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia
CEDEC"

martes, 26 de enero de 2010

Proyecto de decreto sobre Abogacía de la Competencia (Colombia)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ha puesto a disposición del público un proyecto de decreto que reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 que se refiere la denominada "abogacía de la competencia". El proyecto de decreto "Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 1340 de 2009" está pues en consulta pública y los comentarios deben enviarse hasta el 8 de febrero de 2010, a los siguientes correos electrónicos: portiz@mincomercio.gov.co y jrodriguez@mincomercio.gov.co.

No he tenido tiempo de revisar a fondo el proyecto, pero lo que sí quiero anotar por ahora es que el artículo 7 de la nueva ley es uno de los artículos más importantes y que consagra una institución muy novedosa en Colombia.

lunes, 25 de enero de 2010

Diplomado en Derecho y Política de la Competencia (U. Chile)

Mis colegas chilenos, a través de la Universidad de Chile, han comenzado el año 2010 con muchas ganas y han lanzado un diplomado en derecho y política de la competencia, con una nutrida presencia de abogados y economistas expertos en la materia. Me cuenta mi amigo Javier Tapia, quien será profesor del curso, que el diplomado es parte de un centro nuevo en materia de competencia y regulacion económica. El sitio web provisional es: www.regcom.cl (que luego sera www.regcom.uchile.cl).

Como diría Leopoldo, quien contribuye en este blog, ¡Parabéns!

domingo, 24 de enero de 2010

Conferencia sobre el el acuerdo de transacción Google Books: un análisis desde el punto de vista del antitrust y los IPs

Nicolás Petit, colega de la blogósfera en Chillin' Competition, me ha pedido que informe acerca de una conferencia organizada por IEJE sobre el acuerdo al que llegó Google con las editoriales y los autores que lo demandaron por la supuesta infracción a sus derechos de propiedad intelectual. En EEUU la acción de grupo se fundamentaba en la iniciativa de Google de digitalizar millones de libros (ver breve reseña de prensa de CNN de noviembre de 2009 y nota de NY Times de abril de este año) y terminaría anticipadamente mediante un acuerdo de transacción que llegó a los $ US 125 MM pero que debe ser revisado por un juez federal (Federal District Court en Manhattan).

Así como el caso de IBM, de Microsoft (I y II) y de Intel han marcado un hito en la expansión de las fronteras del derecho antimonopolios y su relación con la innovación y los derechos de propiedad intelectual sin duda algunas el caso de Google también hará lo propio en ambos lados del Atlántico. El Departamento de Justicia de EEUU ha seguido muy de cerca el caso (véase su intervención en el proceso presentada el 18/09/2009 ante una Corte de Distrito de NY, "Statement of Interest of the United States Regarding Proposed Class Settlement, The Author’s Guild v Google Inc., 05 Civ. 8136 (DC), S.D.N.Y.") y ha realizado requerimientos de información a todas las partes involucradas. El acuerdo Google Books dará de qué hablar en el año 2010 y generará interés de la academia (véase el ensayo de E. Elhauge "Framing the Antitrust Issues in the Google Books Settlement", Oct. 2009) y de la prensa (véase notas de NY Times, Businessweek y del ABA Journal).

El acuerdo de Google Books tiene muchas connotaciones para diversas áreas del derecho. Respecto del derecho antimonopolios, concuerdo con el enfoque propuesto por el profesor E. Elhauge (Harvard), pues la pregunta que debe hacerse es si el acuerdo transacción disminuye el bienestar del consumidor teniendo como punto de comparación un escenario en la cual no hubiera acuerdo:

"Given the proper framing, the right question to ask is: Does the settlement lower consumer welfare from what it would be without a settlement? (...) So the right question to ask about the Google books settlement is not whether one could imagine some alternative settlement that might benefit consumers and the public interest even more than the actual settlement. Rather, the right question is whether the settlement leaves consumers and the public interest worse off than they would be in the but‐for world without the settlement, and there is simply no reason to think it does."

Así que bienvenido el foro organizado por el IEJE cuya información relevante enviada amablemente por Norman Neyrinck (IEJE) por solicitud de Nicolas:

"The IEJE organizes a half-day conference on the Google Book Settlement in Brussels, on February 12th 2010. The programme has been designed so as to reflect the breadth of opinions on the complex issue this matter raises regarding IP and competition law. Speakers include Commission officials, high level scholars, in-house counsels and practitioners.

Below you will find the programme. The programme can also be found here.

PROGRAMME

13:45 – 14:00 Registration and Coffee
14:00 – 14:10 Welcoming Remarks
Nicolas Petit, Lecturer, ULg, Co-director, IEJE

SESSION 1 – IMPLICATIONS OF THE GOOGLE BOOK SETTLEMENT – THE ACADEMIC PERSPECTIVE

CHAIR Nicolas Petit, Lecturer, ULg, Co-director, IEJE
14:10 – 14:30 The Google Book Settlement: Towards a True Digital Library or an Online
Billboard?
Alain Strowel, Professor, FUSL and ULg, Attorney
14:30 – 15:00 How to Fix the Google Book Settlement?
James Grimmelmann, Associate Professor of Law, New York Law School
15:00 – 15:30 How Fair is the Google Book Settlement?
Pamela Samuelson, Professor of Law, University of California, Berkeley
(videoconference)
15:30 – 16:00 Discussion
16:00 – 16:30 Coffee Break

SESSION 2 – CONSEQUENCES OF THE GOOGLE BOOK SETTLEMENT IN EUROPE – THE STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE

CHAIR Alain Strowel, Professor, FUSL and ULg, attorney
16:30 – 16:45 The View of Google
Philippe Colombet, Head of Google Books France [TBC]
16:45 – 17:00 The View of the European Commission
Grazyna Piesiewicz-Stepniewska, European Commission, DG Information
Society
17:00 – 17:15 The View of the Libraries
Harald Mueller, Librarian, Max Planck Institute (Heidelberg), speaking for the
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
17:15 – 17:30 The View of the Publishers
Kurt Van Damme, Association of Flemish Publishers
17:30 – 17:45 The View from a Competition Lawyer
Ian Forrester, Partner, White & Case LLP
17:45 – 18:15 Roundtable Discussion and Conclusions by the Chair"

domingo, 17 de enero de 2010

Aumentan umbrales de información de integraciones empresariales a US$ 40 MM en Colombia

Por medio de la Resolución No. 69,901 del 31 de diciembre de 2009 la SIC aumentó los umbrales a partir de los cuales un operación de integración debe ser informada en Colombia. A partir del 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el valor del umbral será de 150,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes que equivalen a $ 77.250.000.000 pesos colombianos (aproximadamente US $ 40 millones de dólares a la tasa representativa del mercado vigente).

Es decir, una operación deberá ser informada siempre que individual o conjuntamente las empresas hayan tenido US $ 40 MM en activos o ingresos operacionales durante el año fiscal anterior a la transacción proyectada. Así las cosas, la SIC aumentó los umbrales de notificación en US $ 15 MM aproximadamente, lo cual seguramente disminuirá el número de operaciones que conocerá en el año 2010 (bajo condiciones normales de mercado).

La Resolución No. 69,901 del 31 de diciembre de 2009, "Por la cual se establecen los ingresos operacionales y los activos que se tendrán en cuenta para informar una operación de integración durante el año 2010", fue publicada en el Diario Oficial No. 47579 del 31 de diciembre de 2009.

Por otra parte, mediante la Resolución 69,916 del 31 de diciembre de 2009 la SIC fijó las tarifas correspondientes a la contribución por garantías y condicionamientos a que se refiere el artículo 22 de la ley 1340 de 2009. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial No. 47579 del 31 de diciembre de 2009, es decir el mismo día que vencía el término para que los interesados remitieran los comentarios sobre el borrador de resolución publicado en la página de la SIC el 24 de diciembre... ¿?¡!

miércoles, 13 de enero de 2010

Nuevas guías de la Comisión Europea sobre el procedimiento antimonopolio


La Dirección General de Competencia ha publicado tres documentos en los que explica detalladamente algunos aspectos de los procedimientos antimonopolio que lleva la Comisión. Con estas Guías se pretende incrementar el conocimiento y comprensión de los procedimientos que adelanta la entidad, con lo cual se espera aumentar la transparencia y eficiencia de las investigaciones.

Las guías publicadas son las siguientes:

1. Mejores prácticas para los procedimientos antimonopolio ("Best Practices for antitrust proceedings")

2. Directrices sobre los consultores auditores ("Guidance on the role of the Hearing Officers in the context of antitrust proceedings")

3. Mejores prácticas para la presentación de pruebas económicas (Best Practices for the submission of economic evidence")

Además de ser de gran utilidad para los investigados por la Comisión, creo que estas guías resultarán de gran ayuda e ilustración para quienes no están familiarizados con el procedimiento antimonopolio de la Unión Europea.

Aunque ya son aplicadas por la Comisión desde el 6 de enero, es posible enviar comentarios hasta el próximo 3 de marzo.

martes, 12 de enero de 2010

MinComercio publica proyecto de decreto reglamentario sobre beneficios por colaboración

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia publicó para consulta pública un proyecto de decreto reglamentario del artículo 14 la Ley 1340 de 2009, sobre beneficios por colaboración con la autoridad de competencia (denominado en otras latitudes programa de clemencia, inmunidad, delación o leniency).

Quizás uno de los puntos más álgidos de la discusión (a parte de la definición de "promotor" o "instigador") consiste en la reserva de la identidad de quien colabore con la autoridad. De acuerdo al artículo 17 del proyecto de decreto, dicha reserva se mantendrá para el colaborador salvo que este renuncie expresamente a la misma o cuando esto impida la defensa de los acusados o del propio colaborador. Una situación muy probable en el curso del trámite será que los acusados soliciten a la autoridad la revelación de la identidad del colaborador bajo el argumento de que su reserva viola el derecho constitucional al derecho de defensa. Teniendo en cuenta la experiencia Colombiana de los testigos "sin rostro" es muy probable que si la SIC niega la revelación de la identidad del colaborador, los acusados acudan a la acción de tutela para evitar la violación de su derecho fundamental.

Lo mismo puede decirse de la reserva de información: ¿cómo puede un acusado defenderse adecuadamente cuando no tiene acceso a las imputaciones realizadas por el colaborador y a la información aportada por el mismo?

Les recuerdo que el MinComercio recibirá comentarios hasta el día miércoles 13 de enero a los correos: portiz@mincomercio.gov.co y jrodriguez@mincomercio.gov.co.

¿Será que ya se han arrimado a croar en el piso décimo del edificio de la SIC?... ¡Arrancó el 2010 señores!