"Crisis Económica Internacional y Política de Competencia en México" (Pavón-Villamayor, 2009)

La Red Mexicana de Competencia y Regulación acaba de dar a conocer un ‘Policy Brief’ titulado "Crisis Económica Internacional y Política de Competencia en México" de la autoría de Víctor Pavón-Villamayor, doctor en economía por la Universidad de Oxford y Economista Senior del Grupo de Reforma Regulatoria del Minesterio de Economía de México. El doctor Pavón, reflexiona sobre los impactos que la actual crisis económica internacional puede tener sobre el ejercicio de la política de competencia en México.

Abajo transcribo un resumen del documento:

"Resumen
El desencadenamiento de la actual crisis económica internacional ha generado un ambiente propicio para promover la relajación del combate a ciertas prácticas monopólicas, como la formación de cárteles en industrias impactadas por la crisis o la aprobación de concentraciones que involucran empresas al borde de la quiebra, como un medio para impulsar el nivel de actividad económica y la preservación del empleo.

Sin embargo, si bien es cierto que la operación de cárteles recesivos puede estar asociada al “beneficio” de evitar el cierre de empresas en momentos críticos, los costos económicos de permitir su operación tienden a ser mucho más altos. Además, el caso de México se agrava por la poca capacidad de las autoridades para combatir con cierta efectividad la operación de cárteles. Por esta razón, la relajación de la política anticártel en momentos de crisis económica puede resultar contraproducente desde una perspectiva de largo plazo y por ello, México debe evitar caer en la tentación de su implementación.

En el tema de las concentraciones, el documento explora la implementación de la la figura de “Failing Firm Defense” (FFD) como una medida de ‘última instancia’ para aminorar los impactos de la crisis sobre el status quo competitivo. Es posible que el actual entorno económico por el que transita en la actualidad la economía mexicana genere un mayor número de aplicaciones de concentraciones bajo el amparo de la doctrina FFD. Sin embargo, la adversidad de las actuales circunstancias económicas no debe ser justificante para relajar los criterios bajo los cuales se aplica esta doctrina y por ello es importante que la regulación de competencia mexicana cuente con unos criterios de aplicación claros y bien definidos."

Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica de México

Como reseñaba un post de CoRe recientemente, en el Senado de México se discuten en la actualidad dos iniciativas de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. La primera inciativa fue presentada el 5 de marzo por la C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN. Según la exposición de motivos, la crisis mundial justifica el fomento de la competitividad y al mismo tiempo evitar la quiebra de las empresas.

Así lo expone la Senadora Peredo:

"Inducir la competitividad implica, entre otros aspectos, proteger la planta productiva y el empleo, el cual se encuentra básicamente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por lo que, para evitar que se incremente el desempleo por despidos y quiebras, urge, además de respaldar con crédito suficiente, incorporar medidas que mejoren su competitividad que potencien las acciones del Ejecutivo Federal, como el Programa para el Impulso del Crecimiento y Empleo y el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor."

Sin entrar en la discusión de si un Estado debe darle protección de las pequeñas y medianas empresas, lo que no queda claro de la propuesta de la Senadora Peredo es ¿por qué proteger a los pequeños competidores equivale a fomentar la competencia? Precisamente la competencia económica tiene por resultado el éxito de algunos y el fracaso de otros. De eso se trata el juego y por eso en otras jurisdicciones del Mundo está claro que una cosa es proteger la competividad de los mercados y otra distinta es proteger los competidores.

Por supuesto, detrás de esto hay ideología política y una idea sobre los objetivos que debería perseguir la normativa de libre competencia económica. Debo advertir que con estas líneas no critico el objetivo de promover las pequeñas y medianas empresas, pues esta es una manera de construir una sociedad más equitativa. Lo que no comparto es mezclar dicho objetivo con las políticas de libre competencia, pues la promoción de las PYMES se puede lograr a través de otros mecanismos estatales.

Por otra parte, la segunda iniciativa fue presentada el 21 de abril por el C. Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del PAN y se trata de una reforma más extensiva que la anterior. La finalidad de la iniciativa es fortalecer a la autoridad de competencia mexicana mediante el otorgamiento de nuevas atribuciones y el incremento de las sanciones para tener un mayor poder disuasivo.

En primer lugar, se propone el aumento del nivel de sanciones (como ocurrió en la reciente reforma Chilena reseñada en un post anterior) y el establecimiento de una nueva fórmula para su cálculo a través del nivel de "ingresos acumulabes"de la compañía investigada ("hasta con el diez por ciento de los ingresos anuales del agente económico infractor".)

El endurecimiento de las medidas que puede adoptar la Comisión también refiere a i) la duplicación de las penas para reincidentes; ii) la simplificación para la imposición de sanciones estructurales ("es decir, lo referente a los órdenes de desincorporación o de enajenación de activos que se impongan, precisamente, a los agentes económicos infractores."); iii) la imposición de medidas cautelares ("como la suspensión de las conductas que constituyen la probable práctica monopólica o concentración prohibida con el objeto de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y de libre concurrencia durante la tramitación del proceso respectivo.").

Finalmente la inicitiva propone aumentar las facultades de inspección de la autoridad, incrmentar la transparencia en el proceso adalantado por la autoridad y el establecimiento de un mecanismo de terminación anticipada del proceso.

A diferencia de la primera propuesta, la iniciativa del C. Senador Santiago Creel Miranda está en línea con las tendencias del derecho de la competencia contemporáneo y las ideas que han tenido eco en las principales jurisdicciones de América Latina. Por supuesto, por la importancia de la iniciativa, esta merece un análisis más sosegado y consecuente con la realidad política y económica de México. Estaremos pendientes de su desarrollo en el Senado Mexicano.

Dos nuevos esfuerzos desde México

Desde México llegan buenas nuevas para la academia legal, específicamente en materia de Derecho de la Comptencia y Regulación.

En primer lugar, destaco la nueva página de internet del proyecto académico sobre competencia liderado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Según la página de internet, que aún se encuentra en construcción, el objetivo del proyecto de investigación es "contribuir al mejoramiento de la aplicación de la regulación de Competencia Económica en México y de las instituciones que la administran directa o indirectamente, construyendo comunidades interpretativas que permitan avanzar en la lucha por un mejor derecho de competencia."

Por otra parte, hay un nuevo blog sobre Competencia Económica, Regulación y Políticas Públicas del profesor Carlos Mena Labarthe quien es Maestro de Competencia Económica, Derecho y Políticas Públicas, Regulación y otros. El profesor Mena invita "a intercambiar ideas a través de esta herramienta. A través de este sistema estaré informandoles de las diversas actividades en los cursos que imparto en el ITAM y en investigación que se realiza en estas materias."

Las politicas de competencia en México

Ernesto Estrada, Director General de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia de México, ha publicado el ensayo "Competition Policy in Mexico". A continuación transcribo el resumen del documento, publicado en el Global Competition Policy de abril 2008:

Abstract: "Competition policy in Mexico started in 1993 when the Federal Law of Economic Competition entered into force and the Federal Competition Commission (CFC) was created as the agency responsible for its enforcement. During its fourteen years of activity, the CFC has won key battles before the courts that have paved the path for an effective competition policy based on sound economic analysis and aimed at enhancing the efficient functioning of markets. It has achieved notable advances in competition advocacy, merger control, and cartel and unilateral conduct enforcement. However, the CFC faces significant challenges from cartel activity, prevailing regulatory restrictions on competition, and exclusionary practices undertaken by some of the most powerful corporations in Mexico. Its ability to deal with these challenges is constrained by legal limits to the levels of fines that are far below international standards. It also faces a judicial system that ordinarily reviews competition decisions at the request of respondents, but lacks the specialized economic expertise needed to consider substantive competition matters in their resolutions. There is an urgent need for the CFC to focus its resources on effectively prosecuting the most damaging anticompetitive practices and to strengthen its efforts to develop a competition culture, especially within the Congress, regulators, and other government branches. Competition policy in Mexico started in 1993 when the Federal Law of Economic Competition entered into force and the Federal Competition Commission (CFC) was created as the agency responsible for its enforcement. During its fourteen years of activity, the CFC has won key battles before the courts that have paved the path for an effective competition policy based on sound economic analysis and aimed at enhancing the efficient functioning of markets. It has achieved notable advances in competition advocacy, merger control, and cartel and unilateral conduct enforcement. However, the CFC faces significant challenges from cartel activity, prevailing regulatory restrictions on competition, and exclusionary practices undertaken by some of the most powerful corporations in Mexico. Its ability to deal with these challenges is constrained by legal limits to the levels of fines that are far below international standards. It also faces a judicial system that ordinarily reviews competition decisions at the request of respondents, but lacks the specialized economic expertise needed to consider substantive competition matters in their resolutions. There is an urgent need for the CFC to focus its resources on effectively prosecuting the most damaging anticompetitive practices and to strengthen its efforts to develop a competition culture, especially within the Congress, regulators, and other government branches."